El Gobierno de Mariano Rajoy decretó en abril de 2012 un nuevo y mayor copago farmacéutico por motivos de «equidad” y ahorro. Esto iba a permitir «el acceso a fármacos más innovadores”, dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato. En noviembre de 2016, el gasto público en medicinas alcanzó el mismo nivel que hace cuatro años: superó los 9.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Sanidad. Lo mismo que el año del decretazo sanitario.
Las partidas para farmacia cayeron inmediatamente después de la decisión tomada por el Ejecutivo. En 2012, el acumulado en noviembre fue de 9.057 millones (había llegado a más 10.000 millones en el mismo mes de 2011). Al año siguiente se alcanzó el punto más bajo para luego ir creciendo año a año.
Con el copago, una parte más grande del precio de las medicinas debía ser aportada por los pacientes. «La austeridad en el gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable”, decía el texto del Ejecutivo. La Sociedad Española de Atención Primaria (Semergen) mostró su preocupación en varias ocasiones por el abandono de terapias por parte de pacientes, especialmente de aquellos con las rentas más bajas.
Ese copago se ha visto traducido con más y más gasto por parte de las familias. El Sistema de Cuentas de la Sanidad del Ministerio ha reflejado ejercicio a ejercicio el mayor esfuerzo económico privado dedicado a la salud: de 20.500 millones en 2011 a 23.324 en 2014 (último dato actualizado). Un 13% más. Casi la mitad de todo ese dinero se va a «productos médicos” (a los que pertenecen, entre otras cosas, las medicinas): las cuentas oficiales calculan que, en fármacos, las familias aportaron unos 6.400 millones de euros en 2014.
Así que mientras los pacientes han ido aumentando su gasto para adquirir medicinas, el dinero público destinado a las farmacéuticas, tras caer, ha ido remontando también. Algo parecido ocurre con las recetas con financiación pública: son cada vez más desde 2013, tras pasar el efecto inmediato del decreto. El noviembre pasado sumaron 824.000, un 2,2% más que hace 12 meses.
Un estudio de este año de las universidades Pompeu Fabra y de Las Palmas sobre el efecto del decreto de 2012 en medicamentos para enfermedades crónicas (diabéticos, antitrombóticos y de obstrucción respiratoria) concluyó que el consumo de dosis diarias de estas medicinas cayó nada más aplicarse la norma. La rebaja se fue moderando desde los seis primeros meses de la nueva legislación hasta los cuatro años posteriores.
Sin embargo, el análisis, publicado en abril de 2016 en la Revista Española de Salud Pública, afirma que solo «se estimó una reducción mantenida y significativa del gasto” para los pacientes respiratorios. También constató que se produjo un «efecto acumulación” de productos antes de la entrada en vigor del decreto (para luego utilizarlos).
Necesidad de estudio a largo plazo
La efectividad del copago como medida de ahorro y racionalización del gasto sanitario es un asunto de debate abierto. Pero la modalidad diseñada por el Ejecutivo del Partido Popular en 2012 recibió advertencias acerca de la amenaza que suponía para que los pacientes continuaran con sus tratamientos.
El doctor José Polo, vicepresidente de Semergen, explica cuatro años después de la aplicación de la nueva normativa que «todo lo que supone el copago en el control de ciertas enfermedades [crónicas] implica un horizonte más lejano. Su efecto todavía hay que estudiarlo”.
En este sentido, el Gobierno de la Comunidad de Valencia decidió en 2015 anular parcialmente los efectos prácticos de la norma. Destinó una partida del presupuesto regional para subvencionar el copago de jubilados con ingresos menores a 1.000 euros mensuales y personas con alguna diversidad funcional (superior al 65%). Calculó que la medida se extendería a 986.000 personas.
La Consellería de Sanitat informó tras esta opción que había mejorado la adherencia al tratamiento de pacientes. Según sus cálculos, el abandono de medicamentos cayó un 24% en tres meses: 14.000 personas menos dejaron de adquirir los fármacos indicados para sus dolencias.
El doctor Polo incide en que «hemos sido críticos con la medida por la gente más necesitada ya que el sistema puede tener cierta inequidad aunque abogamos por medidas de ahorro”. Sin embargo, reseña, «se debe tener en cuenta que puede ahorrarse en medicinas pero luego tener que gastar más en caso de que se padezca más adelante un infarto o un ictus”.
