Privatizaciones, desvío de dinero, plantillas escasas y precarias, expedientes de sanción… La sanidad pública sigue presentando deterioros aunque los desperfectos pasen más desapercibidos: en Vigo, Madrid, Granada, o Burgos la gestión sanitaria sigue arrojando sombras que provocan movilizaciones.
En Madrid, el pasado 19 de diciembre se convocó un encierro hospitalario para subrayar la mala situación de las plantillas. Solo unos días antes, Granada culminó una batería de protestas por el plan de la Junta de Andalucía para fusionar centros hospitalarios. En Vigo, su nuevo hospital de gestión privatizada no alcanza para solventar los problemas de la zona y origina peticiones de «rescate» público. La Comisión Europea mantiene abierto un proceso de infracción a España por un supuesto engorde del presupuesto del hospital semiprivatizado de Burgos: 200 millones de más para la constructora salidos de las arcas públicas. El caso, aún activo según los registros de la Comisión, investiga si se vulneraron las reglas del mercado interno al ampliar los pagos a la contratista: se ha pasado de los 242 millones de euros previstos a más del doble.
«El sistema sanitario no se ha repuesto de la política de privatizaciones y recortes. Alguna comunidad autónoma en 2017 va a recuperar las inversiones de 2009», explica el expediatra del hospital Niño Jesús (Madrid) y cabeza visible de la oposición a la adjudicación de hospitales a empresas, Marciano Sánchez Bayle. Bayle subraya que el hecho de que «los problemas y las reivindicaciones no sean en Madrid les resta atención. Pero no importancia».
Hace solo tres meses, Vigo repitió su marcha ciudadana que pide a la Xunta tomar las riendas del nuevo hospital privatizado. Un centro por el que las arcas gallegas pagan a la contratista 72 millones al año durante 20 años. «Y no ha resuelto los problemas de los ciudadanos del área de Vigo: colapso de urgencias y listas de espera un 30% por encima de la media de la comunidad», cuenta el presidente de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, Manuel Martín.
De hecho, el hospital no ha abierto las 1.400 camas comprometidas: está en 850. «El hospital está permanentemente en obras. Hace unos días se le cayó encima a un paciente una puerta plomada del servicio de radiología», se queja Manuel Martín. La Xunta dijo que había sido «un sabotaje» y denunciaron la «manipulación de los anclajes».
Además, la Comisión Europea abrió una investigación sobre si los pagos a la empresa son una «ayuda encubierta» ya que el Ejecutivo de Núñez Feijoo tuvo que pedir un crédito al Banco Europeo de Inversión para financiar el proyecto. El plazo para la investigación expiraba en septiembre pasado pero la CE no se ha pronunciado aún. «Eso nos hace ser un poco pesimistas», remata Martín.
«No hemos perdido el pulso»
Carmen Esbrí es portavoz de la Mesa por la Sanidad-Marea Blanca que convoca una vez al mes una manifestación en Madrid. «Nosotros no hemos perdido el pulso en cuatro años. Seguimos denunciando la privatización que lleva dinero público a empresas privadas en los cuidados paliativos o en las pruebas diagnósticas». La marea blanca que arreció con el plan de privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid acumula 51 ediciones.
Una de las fórmulas por las que se ha resquebrajado la atención sanitaria pública es la reducción y precarización de las plantillas. El encierro del pasado día 19 en el hospital 12 de Octubre de Madrid pedía acabar con «la manera tan cruel con que están tratando a la sanidad», cuenta una portavoz del sindicato Mats que convocó la movilización. «La administración disimula la precariedad», sintetiza.
Con plantillas precarizadas la atención se resiente: mayores tiempos de espera, menos minutos para las consultas, restricciones en material y tratamientos… La fundación Primero de Mayo de CCOO acaba de constatar que un tercio de los profesionales de la salud trabajan de manera temporal. Suman unas 193.000 personas, según los microdatos de la Encuesta de Población Activa. Y la mayoría de ellos son interinidades, es decir, cubren de forma temporal puestos de plantilla.
Reproche judicial
Justo esa práctica extendidísima en la sanidad pública es la que ha venido a desmontar el Tribunal de Justicia Europeo al sentenciar que no se puede echar mano de la contratación temporal «para cubrir necesidades permanentes». Juzgaba el caso de una enfermera a la que se le fueron empalmando contratos desde 2009 a 2013 hasta despedirla definitivamente.
«La eventualidad infunde miedo y se traduce en doblar turnos o prolongar horarios», razonan en Mats. «La lista de espera no puede reducirse a base de precarizar a los sanitarios» coincide Carmen Esbrí.
Otro de los ejemplos más recientes de oposición a la forma en la que las administraciones están gobernando el sistema sanitario estalló estos noviembre y diciembre en Granada. 120.000 personas en tres manifestaciones diferentes se enfrentaron a los planes de la Junta de Andalucía para que los hospitales de la ciudad se dividieran los servicios (una especie de fusión asistencial). Tras las convocatorias, la Junta dio marcha atrás y firmó un acuerdo con cinco sindicatos, que no ha satisfecho a todo el mundo.
Incluso una ciudad no destacada por su movilización como Salamanca ha salido en varias ocasiones, la última en junio pasado, para protestar por lo que consideran «mala gestión» de su área sanitaria.
Las estadísticas del Ministerio de Sanidad dan algunas imágenes muy gráficas del empobrecimiento del sistema: unas 6.000 camas públicas instaladas menos que en 2010. 3,1 por cada 1.000 habitantes. La tercera por la cola en la Unión Europea. Se trata de «un efecto acumulativo que, al final, colma la situación», abrocha Sánchez Bayle.
