La pobreza energética se ha convertido en el primer y principal asunto del nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. La muerte por asfixia de una mujer en Reus a la que Gas Natural Fenosa había cortado la luz por no poder pagarla trajo al primer plano un problema que afecta, según algunas estimaciones, a 5,1 millones de española (el 11% de los hogares). El Gobierno arguye que solo tiene un arma para luchar contra un drama que, con el invierno a la vuelta de la esquina, se hará más acuciante: el bono social. Un descuento sobre la factura cuyo sistema de financiación (a cargo de las compañías eléctricas) ha sido recientemente tumbado por el Tribunal Supremo. Por segunda vez. El ministerio busca una fórmula alternativa pero desde la UE ya han pedido al flamante ministro que no sea Energía quien se haga cargo, sino los servicios sociales, que no dependen del Estado.
Álvaro Nadal acudió este martes por primera vez como ministro a los actos del Día de la Constitución en el Congreso. En una conversación informal con los periodistas, relataba su reciente viaje a Bruselas, donde el lunes se reunieron los ministros de Energía de la UE y representantes de la Comisión Europea. Allí, el Ejecutivo comunitario fijó posición y exigió a los gobiernos que no hagan «política social» desde el Ministerio de Energía sino desde los servicios sociales, según las palabras de Nadal.
La explicación de la Comisión Europea es que las actuaciones como el bono social, que de forma más o menos amplia también se aplica en otros países de la UE como Portugal o Francia, suponen «modificar las condiciones del mercado». La pretensión de Bruselas es que la factura sea igual para todo el mundo y que, a posteriori, sean las administraciones con competencias en servicios sociales quienes actúen de la manera que consideren oportuna.
Nadal defendió el martes ante los periodistas que la vigencia del bono social «es peleable» porque es un descuento y no una imposición de precio a las empresas energéticas. El ministro cree que Europa puede aceptarlo, pero el hecho de que esté en disputa también implica que la Comisión lo puede tumbar. Preguntado expresamente sobre esta posibilidad, Nadal respondió que «sí», que la posibilidad es real.
El ministro defendió una herramienta que data de 2009 y que posteriormente reformó su hermano, Alberto Nadal (entonces secretario de Energía), tras una sentencia del Supremo que anuló en 2013 su primer mecanismo de financiación. El Gobierno, ya con Álvaro Nadal como ministro, ha dicho que quiere seguir usando este instrumento aunque de momento no ha definido cómo hacerlo. El propio Nadal declaró el pasado 23 de noviembre en el Congreso, tras conocerse la sentencia del Supremo, que el bono “ lo debe pagar el sector”, y no los consumidores.
Energía incluso trabaja en un proyecto de Real Decreto para cargar, con el consenso de la oposición, el coste del bono a más empresas eléctricas, como las comercializadoras.
De imponerse las tesis de Bruselas esa pretensión estaría en entredicho. La lucha contra la pobreza energética pasaría a depender en exclusiva de las comunidades autónomas, que en España tienen transferidas las competencias en materia de asistencia social. Desde abril, la luz se ha encarecido un 28% y el bono social sigue siendo el principal recurso (y el único del Gobierno central) para combatirla, aunque también puedan acceder a él familias numerosas de rentas altas.
Este instrumento, que sólo se aplica a la luz (no al gas) consiste en descuentos del 25% para determinados colectivos: clientes con hasta 3 kilovatios de potencia contratada en su primera residencia, pensionistas que reciben las prestaciones mínimas, hogares con todos sus miembros en paro y familias numerosas. Actualmente lo disfrutan unos 2,4 millones de clientes y tiene un coste de unos 200 millones de euros.
